Iniciativa de pobladores pasa al Ejecutivo para su promulgación, se trata de Ley que protege al Ybytyruzú

Durante la Sesión Extraordinaria de la Cámara de Diputados realizada la semana pasada, el plenario resolvió aceptar el Proyecto que modifica los artículos 6 y 7 de la Ley que declara como Área Silvestre Protegida a la Cordillera del Ybyturuzú, estas modificaciones cierran totalmente la posibilidad de que la explotación minera continúe avanzando en la zona. La iniciativa legislativa surgió de los propios pobladores del Ybyturuzú y ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

El Proyecto aprobado en el Congreso deja sin efecto el Artículo 6 de La Ley N° 5399/2015 ‘QUE Declara como Área Silvestre Protegida, con la Categoría de Reserva de Recursos Manejados a la Cordillera del Ybyturuzú”; dicho artículo abría la posibilidad de que el Ministerio de Obras Públicas autorice la exploración y la explotación, previa autorización parlamentaria, de minerales en la zona. Según señalan los pobladores de los distritos que abarca la Cordillera del Ybyturuzú, algunas empresas mineras, amparadas en esta disposición, empezaron a realizar exploraciones en el lugar, obteniendo incluso concesiones en zonas protegidas, lo que generó alarma en los vecinos y vecinas.

Ante esta situación desde hace un año vienen activando para frenar el avance de la minería en el lugar, advirtiendo de los graves riesgos que esta actividad podría ocasionar a la vida de los pobladores y a la enorme biodiversidad que se encuentra en la Reserva. Según el Informe Especial Minas en el Ybytyruzú, los altos costos ecológicos de un Paraguay la zona declarada como Área Silvestre Protegida, con una superficie de 24 mil hectáreas, es una de las mayores reservas de Biodiversidad del país, donde habitan cientos de especies de animales y plantas, algunas de ellas en peligro de extinción y que sólo permanecen en dicho lugar.

El mismo informe cita que la actividad minera ha generado graves daños al ecosistema en diferentes partes del mundo y de nuestro país. “Los procesos de la actividad minera provocan impactos directos en el área de explotación, con la eliminación de la vegetación en el área de las operaciones y la eliminación de capas de unos suelos y la inhabilitación de otros por el apilamiento del material sobrante. La polución sonora y generación de residuos altamente contaminantes como el mercurio y el cianuro, en el caso de la minería de oro, extienden la contaminación a las áreas circundantes del centro de extracción” señala parte del informe.

La Ley sancionada pasa ahora al Poder Ejecutivo donde el Presidente Mario Abdo Benítez deberá decidir si promulga o veta la Ley.